El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a pagar 585.200 euros a la empresa concesionaria del servicio de cementerios Cetensa por no haber actualizado las tasas desde 2012.

La entidad mantuvo que la demora en el proceso de aprobación de la revisión tarifaria desde esa fecha le ha causado una merma económica que cuantificó en 8,2 millones, aunque subsidiariamente reclamaba una cantidad similar a la finalmente reconocida.

La sociedad indica que en 2012 se modificó la tarifa según el Índice de Precios al Consumo (IPC) de aquel ejercicio, pero no se hizo lo mismo en los siguientes con lo que se originó el mencionado perjuicio mientras que el Ayuntamiento mantuvo que las cantidades reclamadas que se corresponden a los anteriores períodos de cuatro años habrían prescrito.

La Corporación local considera “irreprochable” su actuación en cuanto bajo su punto de vista no es posible revisar tarifas sin previa aprobación mediante el cauce adecuado y fija que la deuda como mucho ascendería a 585.164 euros, similar a la ahora reconocida e incluso a la de la concesionaria.

El TSJC sentencia que la prescripción no sería aplicable a contratos cuyo objeto es la prestación continuada, como son los de gestión de un servicio público de manera que el plazo empieza a contar desde el momento en el que la Administración debió hacer los pagos.

El TSJC determinó también que el Ayuntamiento no puede acogerse al silencio que mostró a los requerimientos anuales de la entidad y que dio lugar a este contencioso.

El TSJC no obstante mantiene que sólo quedarían prescritas aquellas cantidades no reclamadas en tiempo y forma como ocurrió en 2018 y 2019 pero sí se podría exigir el pago de las correspondiente al período entre 2020 y 2023 lo que daría lugar a la cifra ahora reconocida de casi 600.000 euros.