El titular del juzgado número 2 de Morón de la Frontera (Sevilla) ha dictado un auto por el que desestima el recurso presentado por una familia para evitar que se exhumaran hasta cinco cadáveres para determinar si uno era el padre de un vecino de Sevilla que hace 10 años inició un proceso para aclarar un caso de paternidad.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso presentado por la familia del presunto padre contra el dictado el pasado 16 de marzo, y mantiene la necesidad de exhumar hasta cinco cadáveres, al no tener constancia de en qué tumba en concreto estarían los restos de la persona contra la que se presentó la demanda de paternidad.

Ante esta situación, el juez ordena exhumar las tumbas de la calle San Fernando, Zona 1 del cementerio, "para que el médico forense adscrito al mismo o designado, tras dicha exhumación proceda a la extracción de muestras que considere precisa de todos los restos presentes en la mencionada calle y su remisión al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses para la realización de la prueba pericial".

Según ha informado a Efe el abogado del demandante, Fernando Osuna, este hombre, que ahora tiene 68 años, inició en 2013 un proceso para reclamar realizar a un cadáver una prueba de ADN que certificase la paternidad del mismo y acceder a la herencia correspondiente.

En su día consiguió la exhumación del que se creía que era el cadáver de su padre pero cuando se realizaron las pruebas a los restos óseos se comprobó que en realidad se trataba de una mujer.

El letrado ha concretado que en este caso se han encontrado con muchos problemas en el registro del cementerio de Morón para localizar el verdadero cuerpo, después de que tanto el juzgado como la Fiscalía defiendan que hay que averiguar la relación de filiación en base a un estudio del ADN de los huesos.

El caso se inició tras la denuncia del presunto hijo, nacido poco después de ser "repudiada" la madre al conocerse su embarazo, y al demandante "se le está ocasionando un importante daño moral, ya que ha visto dilatado indebidamente, y por causas no imputables a él, un procedimiento judicial que de media suele durar un año".

El letrado entiende que el error en la localización del cuerpo "no es imputable a las partes", pero "la práctica de la diligencia de exhumación está causando grave perjuicio al justiciable, que ve postergado, injustificadamente, el ejercicio de sus legítimos derechos, sin que el Juzgado competente actúe en aras de subsanar dicha situación".