La exhumación este lunes de los restos del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera Primo de Cuelgamuros abre la puerta a las nuevas tareas pendientes que quedan en el recinto que hasta la exhumación del dictador Francisco Franco era la representación de la España posterior al golpe de Estado militar que trajo una guerra civil de tres años.

En Cuelgamuros sigue habiendo cosas por hacer como la exhumación de otras 118 víctimas de la Guerra Civil y la "resignificación" del lugar, para lo que se convocará un concurso de ideas.

El Valle de Cuelgamuros, como así se llama desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, es la mayor fosa común de España, con 33.833 restos de víctimas de la Guerra Civil.

El dictador Francisco Franco, cuyos restos fueron exhumados en 2019 sin comprobación ni apertura del féretro, y este lunes serán exhumados los del fundador de la Falange, Primo de Rivera, en las mismas condiciones, cuya tumba ha sido junto con la del militar golpista la única individual presente en la basílica de la abadía benedictina.

A partir de ahora, una de las grandes asignaturas pendientes del Valle es la exhumación de los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil a petición de sus familiares.

El Gobierno español tiene pendiente convocar un concurso de ideas para la "resignificación" del Valle, con el objetivo de dar a conocer las "circunstancias de su construcción" y "el periodo histórico en el que se inserta", según recoge la Ley de Memoria Democrática.

Alrededor de 20.000 presos políticos trabajaron en la construcción del Valle, ubicado en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, a 58 kilómetros de Madrid.

El Gobierno también tiene pendiente la aprobación de un real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle, un recinto dependiente de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de monjes benedictinos, pero que administra de forma temporal desde 1982 Patrimonio Nacional.

De hecho, la Ley de Memoria Democrática prevé la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que en la práctica podría significar la salida de los monjes que residen en el lugar, encargados actualmente de la abadía, la hospedería y la escolanía.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva tiempo reclamando la expulsión de los monjes o la renovación del convenio que regula su presencia en el Valle, un acuerdo firmado entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que se extinguió el 2 de octubre de 2020 y por el que los monjes están autorizados a residir en el recinto y a gestionar sus instalaciones.