El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Menorca ha decretado la exhumación de un matrimonio enterrado en el cementerio de Ciudadela, a raíz de una demanda de paternidad de una mujer malagueña de 76 años hacia el hijo de ambos, fallecido e incinerado en 2018, y ha ordenado que nadie se acerque a la tumba hasta que no se tomen muestras de ADN a los restos.

Se trata de un caso que incluye la medida excepcional de una "orden de alejamiento" sobre la tumba, según ha explicado a EFE el abogado de la demandante, el sevillano Fernando Osuna, quien ha subrayado la importancia de que se haya decretado la prohibición de incineración y manipulación de los restos óseos de los padres del demandado por su cliente mientras no se proceda a la práctica de la exhumación y recogida efectiva de muestras biológicas.

La medida extrema a la que ha llegado el juzgado se debe a que el presunto padre de la demandante no llegó a tener hijos, de modo que toda su herencia, que se calcula en varios millones de euros entre dinero y posesiones, pasó a dos sobrinos, que viven en Sevilla y Baleares, y en ambos casos se han negado a hacerse pruebas de ADN que aclaren si la mujer es, efectivamente, prima hermana de estos últimos, y si así fuera tendrían que renunciar a su herencia y ella sería su única beneficiaria.

La historia se remonta a los años 40, en Barcelona, cuando la madre de la demandante y su supuesto padre se conocieron e iniciaron una relación.

La relación se rompió en 1945, cuando la joven se quedó embarazada, y, desde ese momento, "el poco contacto que mantenían era por correo postal". Cuando la niña nació, el padre le iba mandando distintas cantidades de dinero.

En el proceso judicial se han presentado varias pruebas, como el parecido físico entre padre e hija, "que es abrumador, a pesar de tener distinto sexo", certificado de nacimiento en el que aparece como hija de madre soltera e intercambio de cartas existentes entre padre y madre, donde se reconoce el embarazo, o de otros familiares y amigos, en igual sentido.

Además, el padre otorgó el apellido a su hija, como se refleja en documentos como las notas del colegio, y la mujer dispone de certificaciones de los pagos que recibió cuando era niña.

En caso de ser aceptada su petición, la mujer accederá a un patrimonio que se reparte entre Menorca, Barcelona y Sevilla, que se compone de palacios, tierras rústicas, viviendas, joyas, obras de arte, empresas y dinero en metálico en varios bancos.

Osuna ha recordado que "los derechos de la hija son mucho más sólidos que los de los sobrinos", de modo que el juez ha tenido que aceptar la petición de exhumación para aclarar la filiación de la mujer.

En la foto de Michael Parker, una vista del Cementerio Municipal de Menorca.