La nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el periodo 2022-2026 fue aprobada por el Consejo de Ministros del día 3 de diciembre después de ser aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el día anterior en Córdoba.
Según explicó el Gobierno en una comunicación posterior al Consejo de Ministros, esta Estrategia incorpora un marcado enfoque de derechos de la ciudadanía, integración social y lucha contra el estigma y la recuperación de la persona.
Un 4,7% de la población mayor de 15 años refiere haber acudido a un profesional (psicología, psicoterapeuta o psiquiatra) en el último año (5,49% mujeres, 4% hombres). Por ello, la Estrategia está dirigida a toda la población y, especialmente, a las personas con problemas de salud mental que reciben atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, profesionales, organizaciones, proveedores de asistencia sanitaria, familiares, y entidades y agentes involucrados en la mejora de la salud mental.
La Estrategia persigue el objetivo de servir como herramienta para mejorar la salud mental de la población, atender de forma integral a las personas con problemas de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, apoyando a sus familias y promoviendo un modelo de atención integral y comunitarios que favorezca la recuperación e inclusión social y se consolidan diez líneas estratégicas basadas en: La autonomía y derechos, con una atención centrada en la persona, la promoción de la salud mental de la población y prevención de los problemas de salud mental, la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, la atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario. La Salud mental en la infancia y en la adolescencia, la atención e intervención familiar, coordinación, participación de la ciudadanía, la formación y la investigación, innovación y conocimiento.
 
Salud mental y género
 
La Estrategia incluye la perspectiva de género estipulada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para integrar el principio de igualdad, ya que la mujer desarrolla más problemas psiquiátricos que el hombre a partir de la adolescencia y presentan índices más elevados de depresión, ansiedad, estrés y trastornos en la alimentación que los hombres.
La sobrecarga laboral y de cuidados, la brecha salarial y el exceso de trabajo o la discriminación socioeconómica y la violencia de género suponen un mayor riesgo para una mala salud mental entre las mujeres. La OMS identificó la violencia contra la mujer como la principal causa de problemas de salud tanto física como mental. Además, las mujeres con un trastorno mental grave viven una situación de especial vulnerabilidad, con más probabilidad de padecer violencia de género que mujeres sin un diagnóstico de este tipo y una mayor dificultad a la hora de acceder a los servicios sanitarios.
La Estrategia contempla la formación de profesionales de la salud en contenidos relativos a la perspectiva de género para la prevención y detección precoz, también en los casos de trastornos mentales grave, la recogida de datos actualizados para ajustar los recursos y servicios a las necesidades de hombres y mujeres o la recogida y difusión de buenas prácticas en las línea estratégica y objetivos.
 
Suicidio
 
El suicidio fue la primera causa de muerte externa en España y es uno de los problemas más importantes de salud pública. El suicidio en 2020 se mantuvo como la primera causa externa de mortalidad, con 3.941 fallecimientos, de los cuales 2.930 fueron hombres y 1.011 mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 la tasa de suicidios por edad y sexo fue de 8,3/100.000 hab./ año.
La Estrategia contempla la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida promoviendo la formación de los profesionales en cuanto a la detección del riesgo y un adecuado diagnóstico y abordaje de la conducta suicida con medidas como el desarrollo de una red de atención telefónica, combatir los mitos para eliminar las creencias equivocadas en torno al suicidio, contar con testimonios en primera persona, sensibilizar a los medios de comunicación para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio, promoción de una red de colaboración entre el ministerio de sanidad y otras instituciones o la implantación de protocolos de prevención en colegios, lugares de trabajo, etc.
 
Otros acuerdos
 
El Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado el Plan de Prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) hasta el año 2030. El Plan de Prevención de VIH y otras ITS para el período 2021-2030 incorpora por primera vez "la prevención de otras infección de transmisión sexual de manera integral y diferenciada".
Su objetivo es que en 2030 el 95 % de los portadores del virus estén diagnosticados, en tratamiento y que sean indetectables y por lo tanto intransmisibles. "Un plan con una estrategia ambiciosa para que el VIH deje de ser un problema de salud pública" dentro de 9 años, explicó la ministra Darias. También destacó el visto bueno dado a la Estrategia de Salud Digital por ser un cambio en el modelo de trabajo, dotada con más de 675 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la UE. Además, Sanidad y las comunidades han actualizado cinco documentos de actuación ante enfermedades, entre las que destacan el Alzheimer, y el Parkinson, así como la Estrategia en Ictus, un plan que ha logrado reducir la mortalidad por este mal del 31,64 en el año 2008 al 22,25 del 2018. El Consejo Interterritorial también ha añadido el Programa de vigilancia de salud a los trabajadores expuestos al amianto que ha permitido actuar en casi 3.000 empresas y detectar mas de 70.000 exposiciones de trabajadores. Comunidades y Sanidad han dado luz verde a acuerdos de actualización de la cartera común de servicios de genética para ampliar las coberturas en pruebas neonatales y han ampliado la cartera de servicios de salud bucodental. Esta estrategia, está dotada de 44 millones de euros de los presupuestos generales del estado de 2022 y se aplicará, antes de finales de 2022, a la población de 6 y 14 años y a las embarazadas, y durante el año 2023 a las personas con discapacidad y a los menores de 0 a 5 años.

Fotografía de Jesús Pozo.