El ictus es la segunda causa de muerte, la primera en mujeres y el principal origen de discapacidad adquirida en adultos. En España, se prevé que 1,2 millones de personas habrán sobrevivido a un ictus en 2025 pero medio millón de ellas quedarán discapacitadas, de las que 200.000 tendrán dependencia absoluta.
Las secuelas de esta "devastadora" enfermedad ha sido el hilo conductor de la jornada divulgativa celebrada el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial del Ictus, a instancias del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV-SEN) y de la Fundación Freno al Ictus que han pedido para esta patología el reconocimiento de "pandemia silenciosa del siglo XXI". Porque el ictus es una pandemia "y por desgracia es permanente, no temporal", ha señalado en este encuentro social, científico e institucional el presidente de Freno al Ictus, Julio Agredano, que ha augurado en España más de 110.000 nuevos casos en 2022.
La coordinadora del GEECV-SEN), Mar Castellanos, que también ha intervenido en el foro, ha insistido en la discapacidad que genera el ictus. Según datos aportados por esta experta, actualmente 300.000 personas en España sufren discapacidad a consecuencia de esta enfermedad. Pero el mayor lastre, según Castellanos, es que una de cada tres personas con ictus serán discapacitados graves, en situación de dependencia total y eso significa "que esa persona no será capaz de comer de su mano, no podrá ir al lavabo ni caminar, con lo que supone de distorsión de la vida personal y el entorno".
El encuentro ha sido inaugurado por la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, que ha puesto en valor el código ictus, "la estrategia que más vidas ha salvado en los últimos años", el diagnóstico precoz, la prevención primaria y la educación sanitaria porque parte de los factores de riesgo se pueden evitar. Aquí Pastor ha recordado que cada 14 minutos fallece un enfermo por ictus pero además de la mortalidad, ha hecho también hincapié en el problema de las secuelas porque el 25 % de los supervivientes sufrirá discapacidad.
Pastor, como representante de la parte institucional, ha apostado por tratar al 90 % de los pacientes o más en unidades específicas como primer nivel de detección "porque en el mapa del país hay aún algunas zonas oscuras", y planes nacionales de ictus que abarquen toda la cadena, desde la prevención primaria hasta la vida después del accidente cerebrovascular. Pese a estas cifras, los participantes en el encuentro han querido transmitir optimismo porque se trata de una enfermedad prevenible y es posible ponerle remedio, y aquí han considerado obligado destinar más recursos, más investigación y más formación a las estrategias de prevención primaria.
En la jornada final de debate parlamentario sobre este asunto para ver qué se puede impulsar desde el Congreso, y a la que estaban convocados representantes de todos los grupos, sólo ha asistido el diputado socialista José Ramón Ortega que se ha comprometido a llevar a la Comisión de Sanidad y Consumo iniciativas que pongan el foco en el ictus y que puedan servir de "guía al Gobierno”.
 
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Video completo de la Jornada por el Día Mundial del Ictus, a solicitud de la Fundación Freno al ICTUS en el Congreso de los Diputados.
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?idLegislaturaElegida=14&codOrgano=499&codSesion=353