La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a iniciar el próximo lunes, 17 de mayo, la exhumación de dos fosas comunes en la localidad de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. En ella se espera recuperar los restos de 30 víctimas de la represión franquista, asesinadas después de la guerra, entre junio de 1939 y noviembre de 1940.
En nota de prensa, la asociación ha informado de que en Manzanares hay un total de 288 víctimas asesinadas entre 1939 y 1947. De estas hay 255 enterradas en una fosa intramuros y dos con 33 personas extramuros; la separación entre ellas se debe a la división entre las zonas católica y civil del cementerio. En esta primera actuación de la ARMH se va a llevar a cabo la exhumación de la zona civil, lo que fue extramuros.
"Los familiares han estado muchos años protegiendo ese lugar. En 1981 la viuda de uno de los asesinados, Josefa Peñuelas, viuda de Francisco Martín Alcarazo, promovió la colocación de una placa con todos los nombres", han explicado desde la asociación.
Durante los quince días que tienen previstos los trabajos de exhumación, la ARMH recogerá muestras de AND de los familiares, aunque hay algunos que ya han hecho por su cuenta esa gestión, tratará de localizar a las familias que todavía no están en contacto; y recogerá información y documentación de los familiares de otras fosas con vistas a otras posibles actuaciones.
Todos los gastos de la exhumación son sufragados con recursos propios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que "no solicita subvenciones para las exhumaciones por qué se opone a este modelo por parte de las administraciones públicas y defiende que sean atendidas directamente por las distintas Administraciones del Estado y no por asociaciones". "Desde esa perspectiva, ahora que el Gobierno central prepara una nueva ley de memoria democrática, la ARMH defiende que el Estado cree un organismo público y atienda directamente a las familias. Los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan y cuando una administración financia una cierta ayuda a unas familias y a otras no, está creando una discriminación entre las víctimas", han criticado.
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https://www.mapasdememoria.com/wp-content/uploads/2020/12/Manzanares.pdf
Identifican al alcalde de Algaida y a un dibujante satírico entre los restos de Son Coletes (Manacor)
Por otro lado, los análisis de ADN y estudios antropológicos han permitido identificar los restos de dos personas entre los hallados en la excavación de fosas del cementerio de Son Coletes de Manacor (Baleares): el que era alcalde de Algaida en 1936, Pere Llull, y el caricaturista de Manacor Miquel Palmer.
Estas dos identificaciones se suman a las de otras tres víctimas que se habían notificado ya entre los restos excavados y exhumados en Son Coletes en la campaña realizada por la empresa ATICS entre julio y agosto del año pasado, ha informado la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en un comunicado.
La comparativa de ADN entre familiares y los restos localizados ha dado una alta coincidencia de relación por línea materna. A este resultado, se añade el estudio antropológico, que es el que ha determinado que se trata de Pere Llull Fullana, porque los restos corresponden a un hombre de entre 25 y 30 años, y Pere Llull tenía 28 años cuando murió, mientras que su hermano Antoni, también asesinado, tenía 40. Pere Llull Fullana, Tiró, hijo de Pere Llull Mudoy y de Margalida Fullana Pizà, nació en Algaida el 20 de mayo de 1908. Casado con Francisca Miralles, no tuvieron hijos. Tenían tienda y negocio de productos agrícolas. Fue alcalde por Esquerra Republicana, designado en la Comisión Gestora de 25 de junio de 1936. Era íntimo amigo de Pere Capellà, Batle (Mingo Revulgo), quien, cuando se fue, le avisó de que iban a por él y le insistió en que huyeran juntos, pero Pere le contestó que nunca había hecho nada malo y no tenía por qué huir ni esconderse, según recoge Rafel Antich Servera, en "Memòria dels republicans víctimes de la repressió feixista a Algaida durant la Guerra Civil de 1936". Lo detuvieron el 16 de agosto de 1936 y lo condujeron a la casa consistorial, desde donde por la noche lo trajeron a Son Coletes, junto con ocho "algaidins" más. Dos de ellos eran su padre y su hermano Antoni, según consta en el "Diccionari vermell" de Llorenç Capellà. En septiembre de 2018, el Consell de Mallorca rindió homenaje a la memoria a Pere Llull Fullana en el marco del proyecto "Piedras de la Memoria, Stolpersteine", del artista alemán Gunter Demnig, con una piedra plateada, que le recuerda como víctima del franquismo, instalada delante del Ayuntamiento de Algaida.
El caricaturista Miquel Palmer
La segunda víctima identificada es Miquel Palmer Durán, Simonet, joven de Manacor, dibujante satírico del semanario "Nosotros", que murió a los 18 años, después de ser detenido al pie de una colina en la noche del desembarco de las tropas de Bayo en el Llevant de Mallorca. Sus restos se han localizado en uno de los dos agrupamientos de huesos fragmentados, que se exhumaron en el verano de 2020 en Son Coletes, y que fueron los primeros indicadores de la presencia de restos de víctimas en el cementerio. En el caso de la identificación de Miquel Palmer, también han resultado esenciales los resultados del ADN mitocondrial, que se transmite por línea materna, unidos al estudio antropológico que confirma que los restos pertenecen a un hombre joven. Simonet pertenecía a las Juventudes Republicanas. Fue tamborilero de los "cossiers" de Manacor y era conocido como caricaturista en el semanario "Nosotros", donde firmaba como Verax. Según el "Diccionari vermell", regaló a la Societat d'Esquerra Republicana un cuadro con la caricatura de Azaña. Lo mataron en agosto de 1936 en Son Coletes. Había llegado con un grupo de amigos hasta una colina, para ver a "los rojos" en la lejanía -coincidiendo con el desembarco de las tropas de Bayo. Los detuvieron cuando volvían al pueblo.
Los trabajos genéticos llevados a cabo hasta ahora por el Laboratorio de ADN Antiguo de la Unidad de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y por el Servicio de Genómica de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) también han permitido fijar el número total de víctimas recuperadas en la primera fase de excavaciones y exhumaciones de Son Coletes en unas 25 personas. Los análisis de ADN han permitido secuenciar restos de entre 6 y 9 víctimas, todas masculinas, en los agrupamientos de huesos fragmentados, con lo cual el balance global de víctimas se acerca a un máximo de 25, entre ellos 6 milicianos de las tropas de Bayo.
Cinco víctimas identificadas
Por el momento se ha identificado a cinco víctimas: Francesca Llull Font y su hija, Francesca Salas Llull, Antoni Alomar Mas, Pere Llull Fullana y Miquel Palmer Durán. Los resultados de estas dos últimas identificaciones abren nuevas vías de investigación, dado que ni Pere Llull Fullana ni Miquel Palmer Durán figuraban entre las posibles víctimas enterradas en Son Coletes, ya que se decía que habían muerto en el cementerio de Son Mas. Por otro lado, la identificación de uno de los fragmentos parciales localizados refuerza la hipótesis de que, con motivo de las diferentes reformas del cementerio de Son Coletes, algunos de los cuerpos fueron retirados, pero que todavía quedan restos dispersos entre las zanjas, algo a tener en cuenta de cara a futuras actuaciones. El tercer Plan de Fosas del Govern contempla una segunda fase de excavación y exhumación en el cementerio de Son Coletes.
La Ley de Memoria Democrática, bloqueada en el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Gobierno una prórroga de un mes de plazo para emitir su informe sobre la Ley de Memoria Democrática, al tener que cambiar a los dos ponentes designados para esta tarea debido a la evidente falta de acuerdo para alcanzar un consenso.
Fuentes próximas al Consejo han informado de que el órgano de gobierno de los jueces había nombrado ponentes del informe a Jose Antonio Ballestero y Álvaro Cuesta, un conservador y un progresista "cuyas posiciones son radicalmente dispares y diferentes".
Por tanto, añaden las fuentes, ya "desde el principio el acuerdo se intuía difícil" y así ha sido ya que "no había punto de encuentro" entre los dos vocales del Consejo, que partieron del informe elaborado por el gabinete técnico de la institución.
Cuesta abogaba por introducir algunas modificaciones pero en líneas generales estaba a favor del texto, en cambio Ballestero era muy crítico con el borrador y el anteproyecto en sí mismo.
Ante esta situación, el Consejo ha acordado pedir una prórroga de un mes al Gobierno para emitir su informe y ha sustituido a estos vocales por Juan Manuel Fernández y Roser Bach que tienen sensibilidades diferentes, pero con algo más de opciones de culminar en una posición común respecto a la Ley de Memoria Democrática.
Dicha ley aborda un ámbito de gran relevancia política para la izquierda y ya ha dejado al descubierto las divisiones existentes en el seno de los órganos que deben emitir sus informes preceptivos. Porque no solo hay discrepancias en el CGPJ, sino que antes el Consejo Fiscal fue la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que decantó con su voto el informe a favor del anteproyecto.
La norma declarará "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo y, según los cálculos del Gobierno, permitirá recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.
También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta, y prohibirá las fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira.
La supresión de todos los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, como el ducado de Franco, la retirada de condecoraciones a personas relacionadas con el régimen, un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación de fosas, y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura, son otras iniciativas que incluye la ley.
En la fotografía, cementerio de Manzanares con una marca en dónde se excavará a partir del lunes.