Una mujer vecina de Sevilla lleva cuatro años intentando que el Ayuntamiento de Ruesga (Cantabria) exhume el cadáver del que podría ser su padre, tras autorizar un juzgado sevillano la exhumación de los restos que se encuentran en el cementerio de la barriada de Matienzo, pero alegó en su momento el consistorio que no podía localizar la tumba, lo que retiene una herencia de unos tres millones de euros.
El abogado de la demandante, el sevillano Fernando Osuna, ha explicado a Efe que, a pesar de que el municipio cuenta solo con algo más de 800 habitantes y el cementerio es de reducidas dimensiones, inicialmente se informó de que la tumba no se podía localizar, y una vez localizada, ha alegado que no tiene personal suficiente para proceder a abrir la tumba.
Sin embargo, el letrado asegurado que, cuando se intentó por primera vez, se empleó durante unas horas a un albañil, un auxiliar y otras personas, sin poder localizar el nicho, por lo que, una vez localizada la tumba, “no tiene lógica que no se proceda a la exhumación”.
La mujer es presunta hija de un cántabro fallecido hace varios años, que dejó una considerable fortuna fruto de negocios que desarrolló en Sevilla, donde conoció a la madre de la demandante, la dejó embarazada y no se casó con ella, ni con otra mujer.
Tras una primera búsqueda sin resultado de la tumba, fue localizada, y un juzgado sevillano ha ordenado hasta en tres ocasiones que se realice la exhumación, sin éxito.
Osuna ha recordado que la ley marca que “para la exhumación de cadáveres que hayan cumplido los diez años de su fallecimiento se tendrá que solicitar, por la familia, autorización al Jefe Provincial de Sanidad, bastando certificación del cementerio en que se encuentren los restos”, lo que se ha hecho, además de que “todos los cementerios tendrán que llevar, obligatoriamente, un archivo de todos los documentos oficiales recibidos para las inhumaciones y exhumaciones, que estarán disponibles para cualquier inspección de Sanidad”.
Por ello, una vez que el juzgado ha vuelto a retirar la petición, ha reclamado que el Ayuntamiento cumpla con la orden judicial, de modo que no se retrase más la prueba de ADN que reclama su cliente.
 
La versión del ayuntamiento de Riesgo
En la diligencia judicial, fechada el pasado día 11 y consultada por Europa Press se indica al consistorio cántabro que adopte las medidas oportunas para desenterrar el cuerpo.
Esta orden se reitera después de recibir un exhorto negativo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Laredo, al alegar el Ayuntamiento de Ruesga que carece de personal cualificado para sacar los restos óseos del nicho, pues únicamente dispone de un auxiliar administrativo y una secretaria interventora, así como peones de albañil contratados de forma temporal, durante cinco meses, a través de una subvención del Servicio Cántabro de Empleo. Ante esto, el Juzgado de Sevilla recuerda al consistorio cántabro el deber de colaborar con la Justicia, y le advierte de que, en caso contrario, estaría incurriendo en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

Fotografía aérea del cementerio del Ayuntamiento de Riesgo en Cantabria obtenida con la aplicación ‘maps’ de Google.