La gran base de datos de ADN que gestiona el Ministerio del Interior alberga ya cerca de 400.000 perfiles de detenidos, imputados y sospechosos de hechos delictivos y más de 100.000 "manchas", vestigios biológicos recogidos en el lugar del crimen a la espera de identificación. Son las cifras dio el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, al presentar la "Guía de uso forense del ADN", un manual con las bases científicas y jurídicas de todo un proceso que se ha convertido en una fuente crucial de material probatorio en las causas penales y también en los procesos de filiación.
Las búsquedas y los cruces de perfiles realizadas en 2019 en la base de datos de Interior, en la que participan todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, llevaron a más de 2.800 "coincidencias valiosas" para investigar y esclarecer distintos delitos.
Alonso ha subrayado la importancia de estas investigaciones forenses, pero ha alertado también del que ha denominado "efecto CSI": considerar que el ADN es infalible y pensar que siempre conduce al culpable. "El contexto es esencial". El AND dice con mucha seguridad de quién proviene el indicio, pero no aporta nada sobre cómo llegó a la escena o sobre quién lo puso ahí, ha explicado este experto tras recordar, por ejemplo, la necesidad de descartar el "ADN de fondo", el que ya estaba en el lugar antes del crimen y no tiene relación con el delito investigado.
Además de base de datos que gestiona Interior y que se nutre de los vestigios que aportan la Policía Nacional, la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad autonómicas, Alonso ha recordado que España participa en una red global de perfiles de ADN con fines de investigación criminal y ha apuntado a la importancia de nuevas disciplinas, como la "genealogía forense".
Más de veinte millones de personas han enviado voluntariamente su ADN a compañías privadas como FamilyTreeDNA o MyHeriage para reconstruir sus historias familiares y esas bases de datos abiertas están siendo también "muy útiles" para la investigación criminal.
Gracias a ellas, por ejemplo, se capturó en Estados Unidos al conocido como "Golden State Killer", responsable de 13 asesinatos y 45 violaciones que escapó de la justicia durante décadas. Se tenía su semen y su perfil de ADN, pero no estaba en las bases policiales y el FBI decidió ampliar la búsqueda a los bancos genómicos privados, donde halló a un primo tercero. Fue una pista clave que acabó con el asesino condenado a cadena perpetua.
También fue gracias a una de esas bases de ADN privadas como Inés Madrigal, que durante años creyó ser una "bebé robada", descubrió que su madre la dio voluntariamente en adopción, aunque el proceso fuera fraudulento.
En España hay 19 laboratorios, fundamentalmente públicos, acreditados para hacer análisis de ADN y Alonso ha puesto de manifiesto el problema logístico que afrontan muchos de ellos por la acumulación de muestras en sus congeladores.
En la presentación de la guía han participado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha reconocido además la necesidad de revisar las leyes y normas que regulan las investigaciones con ADN ante los avances tecnológicos.
Se abordará la cuestión en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), cuyo borrador llegará "muy pronto" al Consejo de Ministros, y también cuando se actualice la ley que regula la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN para adaptarla a la nueva normativa de protección de datos personales.