La evolución de la epidemia del COVID-19 en España y el importante incremento de fallecidos por esta enfermedad, que se unen a los fallecidos por otras causas, ha exigido que el Gobierno adopte nuevas medidas con respecto al trabajo que realizan las empresas de servicios funerarios. Además de los relativos a la celebración de velatorios y entierros o incineraciones, el Gobierno destaca en el decreto 463/2020 vigente desde hoy algunos aspectos económicos importantes para las familias de los fallecidos. Se ha decidido, además de restringir otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, regular algunas de las condiciones de contratación de los servicios funerarios.
 
Contratación servicios funerarios
 
Con respecto a las condiciones de contratación de servicios funerarios, el decreto explica que, durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. También afirma que en el caso de que los servicios, en algún caso particular, hubieran sido ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, “la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo. En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso”.
Por su parte, fuentes del sector consultadas por Adiós Cultural, han explicado que “entre las casi dos mil empresas que hay en España tenemos unas empresas con profesionales muy bien formados y con un estricto código ético, además en un sector muy atomizado”. Las mismas fuentes también explican que “en nuestra propia asociación mayoritaria de empresas funerarias, Panasef, hemos acogido con gran satisfacción esta norma del Gobierno para que así se limite la actuación de algún desaprensivo que intente ir en contra de la actuación mayoritaria de servicio público que hacen nuestras empresas”.
 
Presupuesto
 
Por otro lado, el decreto recuerda también lo que todas las empresas del sector mayoritariamente vienen haciendo desde hace años: presentar un presupuesto previo de lo que van a costar los servicios y de qué servicios están incluidos en ese presupuesto porque es una garantía tanto para los clientes como para las propias empresas. “De esta forma, además, las compañías que deben hacer la prestación por un seguro de decesos están ofreciendo a la familia la garantía absoluta de que controlan los servicio que hay que pagar; o que no hay que pagar de terceros operadores”, aseguran las mismas fuentes.
El decreto lo dice textualmente así: “Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos producidos por causa del COVID-19”.
Como ya se sabe, además, “el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este apartado tendrá la consideración de infracción a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
 
Seguros de decesos
 
En todos los informes realizado por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) durante los últimos años se ha explicado que el seguro juega un papel protagonista en los sepelios en España. Sobre los últimos datos disponibles, los de 2018, el sector se hizo cargo del entierro de 255.934 personas. Es decir, el 62% de los fallecidos en el país. Ese dato es una de las conclusiones del Informe “Estamos Seguros 2017” elaborado por UNESPA.
El seguro de decesos es, según este estudio, tras el de automóviles, el producto asegurador con mayor capilaridad en España. No en vano, 21,52 millones de personas de los 46,5 millones de residentes en el país están protegidas por una de estas pólizas, de acuerdo con datos recabados por ICEA. Representan el 46,3% de la población. Como en el mercado hay 8,2 millones de pólizas, existe una media de 2,62 asegurados por contrato. Este dato refrenda el carácter familiar del producto.
Las aseguradoras, como es normal en un seguro de prestación, suelen encargarse del servicio funerario y los traslados y, además, facilitan a las familias otros servicios asociados como el asesoramiento jurídico o la atención psicológica.