El estado de Tennessee (sur de Estados Unidos) ejecutó ayer jueves en la silla eléctrica a Nicholas Sutton, un hombre condenado a muerte por matar en 1985 a otro preso cuando cumplía cadena perpetua por otros tres asesinatos. A Sutton, blanco de 58 años, lo declararon muerto a las 19.26 hora local (01.26 del viernes GMT) tras recibir dos descargas eléctricas en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, según notificó el Departamento Correccional de Tennessee. Sutton fue el quinto preso en menos de dos años dado a elegir entre la silla eléctrica y una inyección letal, y prefirió morir electrocutado en Tennessee. Ningún otro estado ha hecho uso de la silla eléctrica desde 2013. Primero, recibió una descarga de 1.750 voltios durante 20 segundos, seguida por una pausa de 15 segundos y una segunda descarga de otros 1.750 voltios en 15 segundos antes de ser declarado muerto.
Cuando cometió el crimen que le llevó al corredor de la muerte, Sutton cumplía condena por otros tres asesinatos consumados con apenas 18 años en 1979, incluido el de su abuela paterna, Dorothy Sutton, con quien se había criado.
La de Sutton fue la primera ejecución del año en Tennessee y la cuarta en todo el país.
Desde que la Justicia de Estados Unidos restituyó la pena de muerte en 1976, 1.516 personas han sido ejecutadas, 13 de ellas en Tennessee.
Por otra parte, el estado de Georgia (sur de Estados Unidos) ejecutó el miércoles a Donnie Lance, un hombre que fue condenado a muerte por los asesinatos de su exesposa y de su nueva pareja en 1997. A Lance, de 65 años, le declararon muerto a las 21.05 hora local tras recibir una inyección letal en la prisión de Jackson, según notificó el Departamento Correccional de Georgia. Preguntado por sus verdugos, Lance renunció a su derecho de pronunciar unas últimas palabras. El ejecutado fue condenado a muerte por un jurado por los asesinatos el 8 de noviembre de 1997 de su exmujer, Sabrina Lance, y de su entonces novio, Dwight "Butch" Wood Jr., unos crímenes de los que siempre se declaró inocente.
Por otro lado, el 6 de este mes de febrero el estado de Texas ejecutó al ciudadano mexicano Abel Revill Ochoa, que fue condenado a muerte por asesinar en 2002 a cinco miembros de su familia, incluidas una hija de 7 años y otra de 9 meses.
A Ochoa, de 47 años y nacido en Vicente Guerrero (Durango), lo declararon muerto a las 18.48 hora local (00.48 del viernes GMT) tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville, cerca de Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ). Sus últimas palabras fueron: "Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme".
El informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) dado a conocer durante el mes de enero explica que durante 2019 hubo en Estados Unidos menos condenas a muerte, menos ejecuciones y más estados donde la pena capital se abolió o no se aplica. También asegura que una mayoría de estadounidenses prefiere la cadena perpetua como máximo castigo. Hasta el 17 de diciembre de 2019, 22 personas fueron ejecutadas y 33 fueron condenadas a la pena capital, cifras inferiores a las de 2018.
 
 
El caso Sutton
De acuerdo con la investigación, Sutton dejó primero inconsciente a su abuela de un golpe en la cabeza, la envolvió en sábanas y bolsas de basura, la encadenó a un bloque de cemento y la arrojó viva desde un puente al río Nolichucky, donde murió ahogada. Las autoridades determinaron que el suceso había ocurrido el 22 de diciembre motivado por la negativa de la abuela a darle a su nieto dinero.
Sutton recibió una pena de cadena perpetua por el asesinato de su abuela, pero una vez condenado confesó otros dos homicidios, el de su amigo de la infancia John Large y el de un hombre identificado como Charles Almon.
El cuerpo de Large, desaparecido desde hacía meses, lo hallaron enterrado cerca de una cabaña que una tía de Sutton tenía en Carolina del Norte, mientras que el de Almon estaba bajo el agua en una cantera minera.
Sutton siguió cumpliendo su pena de cadena perpetua durante medio lustro hasta que, en enero de 1985, junto a otros dos reos, asesinó en la cárcel a Carl Estep, un pedófilo que murió de unas 35 heridas de arma blanca. Debido a ese crimen Sutton fue finalmente condenado a muerte y ejecutado este jueves, más de 35 años después.
Una vez agotados sus recursos legales, la defensa de Sutton tenía depositadas sus esperanzas en la petición de clemencia al gobernador de Tennessee, Bill Lee, apoyada por familiares de sus víctimas y por varios guardias de prisiones. Uno de estos guardias, Tony Eden, ya retirado, aseguró que Sutton le salvó la vida durante un motín en 1985. "Tengo cuatro hijos y una hija que probablemente no estarían aquí si ese día hubiese sido diferente. No tendría la vida que tengo si no fuese por Nick", dijo Eden en una entrevista reciente con CBS. Lee, sin embargo, rechazó la petición de clemencia pavimentando así el camino de Sutton hacia su ejecución.
 
El caso Lance
Sabrina Lance, de 39 años en 1997, murió a golpes, mientras que Wood recibió tres disparos por la espalda. Las autoridades encontraron los cuerpos en la vivienda de las víctimas en el condado de Jackson, al noreste de Atlanta. Pese a la falta de pruebas físicas que vinculasen a Donnie Lance con los asesinatos, los fiscales defendieron que las pruebas en su contra "aunque circunstanciales, eran abrumadoras".
Del matrimonio Lance nacieron dos hijos, Stephanie y Jessie, que este miércoles estuvieron en la cárcel para despedirse de su padre. En los últimos meses ambos habían reclamado al estado que realizase pruebas de ADN para demostrar la inocencia de su padre.
Según declararon los hijos al periódico local The Atlanta Journal Constitution, Lance había llenado el vacío que dejó la muerte de su madre con consejos y aliento desde la prisión. Los abogados de Lance también habían pedido sin éxito pruebas de ADN. Como última cena a su elección, el estado de Georgia le sirvió a Lance dos hamburguesas con chile, papas fritas, aros de cebolla y refresco.
La de Lance fue la segunda ejecución del año en Estados Unidos y la primera en Georgia. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.514 presos han sido ejecutados en EE.UU., de ellos 76 en el estado de Georgia.
 
El caso Ochoa
El 4 de agosto de 2002, Ochoa, que había consumido crack, salió de su habitación pistola en mano y mató a tiros a su esposa, Cecilia, a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses), a su cuñada Jaqueline y a su suegro, Bartolo.
 Además, dejó herida de bala a otra cuñada, Alma, también hermana de su esposa, que logró escapar y avisar a la Policía, que lo detuvo minutos después. Según reconoció durante el juicio, Ochoa empezó a consumir crack dos años antes de los crímenes y con el tiempo se volvió un adicto. Gastaba el dinero del hogar y también sacaba préstamos para comprar la droga.
Consciente de su problema, Ochoa había aceptado la ayuda de su familia para superar la adicción y ese 4 de agosto, un domingo, ya llevaba 10 días sin crack. Sin embargo, después de ir a la iglesia, su esposa accedió a darle 10 dólares para que comprara y fumara algo de droga y mitigase así su síndrome de abstinencia. Ochoa consumió la droga en el jardín trasero del hogar familiar en Dallas (Texas) mientras su esposa, hijas, cuñadas y suegro departían y jugaban en el interior. Después fue a su habitación y se acostó un rato en la cama.
Fue entonces cuando salió pistola en mano, según confesó después: "La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá". A la pequeña Crystal la mató de cuatro tiros por la espalda mientras corría hacia la cocina tratando de escapar.
Las autoridades detuvieron a Ochoa minutos después en un cajero automático gracias al aviso de su cuñada Alma, tratando de sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.
Su defensa esgrimió durante el juicio que Ochoa sufrió un delirio inducido por las drogas, argumento que no convenció al jurado, que alcanzó un veredicto de culpabilidad tras deliberar durante menos de 10 minutos.
La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en EE.UU. en una sentencia conocida como "Fallo Avena". A los presos beneficiados por el "Fallo Avena" se les violó según la CIJ su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención. Ochoa, sin embargo, quedó fuera de los beneficios del fallo al ser también ciudadano estadounidense y haberse personado como tal durante el proceso penal.
En un comunicado este jueves tras la ejecución, el Consulado de México en Houston sostuvo que su Gobierno "ha manifestado consistentemente su oposición a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas". "En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo", añadió. La diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que fue rechazada por ese organismo días atrás. La de Ochoa fue la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en EE.UU., de ellos 569 en el estado de Texas.
 
 
Menos ejecuciones y menos condenas a muerte en Estados Unidos en 2019
 
De los 22 ejecutados en 2019 solo uno era hispano, Mark Soliz, que recibió la inyección letal en septiembre en Texas, doce eran negros y 17 blancos, señaló a Efe sin especificar el origen de los dos restantes Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC, una entidad privada con sede en Washington. Se trata del quinto año consecutivo en el que las ejecuciones no sobrepasan la treintena y las condenas la cincuentena.
La organización privada con sede en Washington destaca en el informe que desde los años 90, cuando se alcanzaron los máximos, se ha producido un descenso de más del 85 % en las condenas a la pena de muerte y de más del 75 % en el caso de las ejecuciones. Desde 1991 el año en el que ha habido menos ejecuciones es 2016, cuando hubo 20, indicó Dunham.
En 2019 las ejecuciones se circunscribieron a siete estados. Texas estuvo a la cabeza por número de ejecutados (nueve), seguido de Tennessee (tres), Alabama (tres), Georgia (tres), Florida (dos), Dakota del sur (uno) y Misuri (uno). En 32 estados la pena capital está abolida o no se aplica desde hace una década. En 2019 Nueva Hampshire se unió a los "abolicionistas", que ya suman 21, Indiana cumplió diez años sin ejecuciones y California dejó en suspenso las que estaban pendientes.
En contraste con estos datos y con una encuesta de Gallup que reveló en 2019 que por primera vez desde 1985 hay una mayoría de estadounidenses (60 %) que prefiere la cadena perpetua a la pena de muerte, el Gobierno trató de reanudar las ejecuciones en el ámbito de la justicia federal después de un paréntesis de 16 años. Dunham señala la importancia de ese 60 %, aunque matizó que la encuesta de Gallup consta de dos preguntas y que cuando se les interroga a los estadounidenses acerca de si están de acuerdo o no con la pena de muerte en general, un 56 % responde afirmativamente. Además del intento de restablecer la pena de muerte en el ámbito federal, una medida que está en manos de los jueces y puede llegar a la Corte Suprema, un dato negativo que el Centro de Información sobre la Pena de Muerte señala en su reporte anual es la ejecución de condenados cuya culpabilidad no estaba demostrada totalmente. "Dos presos fueron ejecutados a pesar de las dudas sustanciales existentes sobre su culpabilidad y James Dailey, en Florida, y Rodney Reed, en Texas, estuvieron cerca de ser ejecutados a pesar de la abrumadora evidencia de su inocencia", dijo Dunham, autor principal del informe.
Dunham afirma que una de las razones de que la pena de muerte pierda apoyo entre los estadounidenses es que "con demasiada frecuencia" los tribunales y los funcionarios públicos o ignoran "errores potencialmente mortales" o "a menudo" actúan "para obstruir la verdad". Florida y Ohio fueron los estados donde más sentencias a muerte se impusieron en 2019, con seis cada uno. En total en solo ocho estados hubo más de una condena a muerte.
 
Información realizada con documentación de la agencia Efe.