Durante el pasado 2019, once personas han sido detenidas y 25 investigadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida
Los agentes realizaron un total de 76 investigaciones en 21 provincias -Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza-
Según la nota de prensa emitida por la DGP, “La investigación ha supuesto un reto organizativo para los agentes al tener que analizar 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos hacen más de 20 años y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero”.
Entre los casos más relevantes, destaca la Policía “el de una mujer que acudió al banco acompañada por una ‘actriz’ que suplantaba la identidad de su madre, fallecida cuatro años antes, para conseguir el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta”. La implicada se benefició de más de 200 disposiciones en efectivo, que han supuesto un fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social de más de 74.000 euros, abonados durante los más de 20 años de forma indebida.
También ha sido detenido un empleado de banca que falsificó los justificantes en efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida, logrando realizar hasta 62 reintegros de la cuenta.  El arresto del trabajador se produjo mientras extraía dinero en un cajero automático de la propia entidad a la que había robado previamente.
Los agentes han arrestado a once de las 36 personas que han sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Las investigaciones comenzaron al recibirse varias denuncias de hechos similares en diferentes puntos del país. La mayoría de los implicados en el beneficio de estas cuantías abonadas de forma ilícita eran personas cercanas a los fallecidos como hermanos, hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y ex parejas. No todos los responsables identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial, ya que algunos han fallecido, están enfermos graves o se encuentran en avanzado estado de edad. Otros se encuentran residiendo en Alemania, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Suiza y Venezuela.
Esta operación ha supuesto un reto organizativo para los investigadores. Se han analizado 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero. Gracias a los mecanismos establecidos legalmente, hasta el momento se han podido recuperar 3.893.787,08 euros del total defraudado.