El suicidio se incorpora por primera vez en la Estrategia Nacional de Salud Mental y lo hace porque es la causa de mortalidad por excelencia asociada a estos trastornos, por ser la primera causa de muerte entre los 20 y los 35 años, y sobre todo para potenciar la detección precoz del riesgo suicida.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, anunció el pasado jueves esta incorporación en la nueva estrategia prevista para 2015-2019.
Para el año 2020 se estima que de las diez enfermedades que mayor discapacidad producirán cinco serán trastornos mentales y la depresión será la segunda más importante, según Sanidad.
El por qué del aumento de trastornos, según asegura Carlos Mur, coordinador científicos de la estrategia, se debe a distintas cuestiones sociales, al estrés, a la velocidad de la vida moderna, a aspectos ambientales, entre otras causas. Y ante el mayor riesgo de suicidio que sufren estas personas es necesario actuar con esta actualización de la estrategia que lleva el lema "Si sus sueños no tienen límites, no se los pongamos nosotros", cuyo primer capítulo se dedica a este asunto.
La tasa de suicidios desde 2008 hasta 2012 ha tenido un leve ascenso, pero eso no significa que en el cómputo global de los últimos 15 o 20 años sea mucho mayor. Se ha regresado a unas cifras de incidencia, de casos nuevos de tentativas suicidas, similares a las de 2007, según Mur. No obstante, España presenta una baja tasa de mortalidad por suicidio y autolesiones en comparación con el resto de países europeos: 2,6 en mujeres (4,8 en Europa) y 9,1 en hombres frente al 21,3.
El por qué en muchas ocasiones del suicidio hay que buscarlo en cuestiones sociales, crisis económica, pero también en el aumento de la prevalencia de determinados trastornos mentales, algunos de los cuales conllevan un aumento de las tentativas suicidas. Entre esos trastornos están los adaptativos y los ansioso depresivos, pero también, según Mur, entre las causas están el que se diagnostiquen más los trastornos de la personalidad o a casos mal diagnosticados o infratratados del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que evoluciona de la infancia a la adolescencia hacia la edad adulta.
Los grupos de riesgo que se identifican en la estrategia son adolescentes, personas en edad geriátrica y todas aquellas personas con enfermedad mental o con abuso o dependencia de sustancias. Sobre esas personas que pueden necesitar una detección precoz del riesgo suicida se intenta sentar unas buenas prácticas de actuación y para ello Sanidad plantea una mayor formación de los profesionales de atención primaria y de enfermería.
Entre esas buenas prácticas contempladas en la estrategia, y que Sanidad trasladará a las comunidades en un pleno del Consejo Interterritorial, está el que los profesionales cuenten con un entrevista tipo para detectar y manejar el riesgo suicidio. Se plantea también que en los servicios de urgencias de los hospitales se realicen test de cribado para valorar ese riesgo porque allí el suicidio tiene un puesto destacado. Las tentativas de suicidio ocupan entre un 35 y un 38 % del conjunto de las urgencias psiquiátricas. Se prevé además que la persona que se haya intentado suicidar y no requiera hospitalización tenga cita en el centro de salud mental en un plazo máximo de una semana y que luego se le haga un seguimiento al menos mensual de forma presencial, telefónica o telemática por un profesional, que podría pertenecer a la Enfermería.
 
Petición de pena de prisión para dos miembros de una asociación
 
Por otra parte, la Fiscalía de Asturias ha solicitado sendas penas de seis años y cinco meses de cárcel para dos personas acusadas de ayudar a suicidarse a una mujer en Avilés, en mayo de 2012, y de intentarlo con un hombre dos meses después.
En el proceso, cuya vista oral se celebrará en un juzgado de Avilés en una fecha aún sin determinar, figura además como acusado el hermano de un enfermo terminal residente en Cádiz que se puso en contacto con los otros dos para ayudarle a que acabara con su vida y para el que se pide una condena de un año y cinco meses de prisión.
Según el escrito de conclusiones del Ministerio Público, los dos primeros acusados son miembros de la asociación ENCASA Cuidados Paliativos, uno de ellos médico -que permaneció trece días en prisión provisional- y se encargaron de suministrar a un voluntario de la asociación Derecho a una Muerte Digna de Cataluña distintos medicamentos "a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que se produciría". En concreto, los dos acusados, según la Fiscalía, conseguían Pentobarbital Sódico (un anestésico inyectable para intervenciones quirúrgicas en perros y gatos) a través de Interne en México y luego lo distribuían a personas que querían acabar con su vida.
La mujer que finalmente se suicidó en Avilés se había puesto en contacto con el voluntario de Derecho a una Muerte Digna -ya fallecido- para decirle que lo estaba pasando muy mal porque sufría un trastorno de la personalidad con depresión y quería quitarse la vida, lo que ya había intentado en varias ocasiones. Posteriormente, concretaron una cita en Valladolid donde el fallecido le entregó a la mujer el Pentobarbital Sódico a cambio de 6.000 euros y luego se dirigieron a Avilés donde ella decidió alojarse en un hotel para dejar una nota de suicidio e ingerir el medicamento combinado con un zumo, lo que le causó la muerte.
La vivienda del hombre que supuestamente le facilitó la medicina fue registrada el 29 de junio, pocas semanas antes de su muerte, y se localizaron más de mil euros en metálico, una caja vacía de Sedalphorte (de uso veterinario y que incluye Pentotarbical en su fórmula) y otros medicamentos además de numerosa documentación.
En esas fechas el tercer acusado se puso en contacto con el médico de ENCASA para que le proporcionara los medicamentos necesarios para poner fin a la vida de su hermano, con metástasis en varios órganos vitales y en estado terminal, que le había expresado su voluntad de "acabar con su sufrimiento". Según la Fiscalía, el médico se comprometió a enviarle ese mismo día a Cádiz los medicamentos necesarios para realizar una sedación paliativa profunda, que duraría entre 8 y 24 horas, así como las pautas para administrarlos. Al no encontrarse en Madrid, el acusado pidió a su colaboradora en la asociación que preparara el paquete y lo enviara, momento en el que fue interceptado sin que llegara a su destino con jeringuillas, agujas y varios medicamentos y un papel con las anotaciones para dosificar los productos. Además, en el registro efectuado en el local donde se encontraba la sede social de las asociaciones Derecho a Morir Dignamente y ENCASA Cuidados Paliativos se encontraron numerosos medicamentos mientras que otros, que también precisaban de receta médica, fueron hallados en una bolsa que portaba la esposa del facultativo.
Varios de los medicamentos incautados están sometidos a fiscalización internacional e incluidos en la Lista I de Estupefacientes mientras que otro de los hallados, el Embutal, no está autorizado en España, por lo que su comercialización es absolutamente clandestina, según el Ministerio Público. La Fiscalía incide en que se trata de medicamentos cuya custodia, conservación y dispensa se deberían realizar a través de los cauces pertinentes, con receta médica y sometidos a un control exhaustivo y pide además una multa de 3.600 euros para los dos primeros acusados.