En la mañana del domingo, una pareja paseaba con su perro por los aledaños del cementerio cuando algo en los matorrales llamó la atención del animal. Se lanzó a olisquear entre la vegetación ladrando furiosamente a la vez que aullaba de forma lastimera. Cuando sus dueños se acercaron pudieron comprobar con estupor que se hallaban ante lo que, una vez, fue un cuerpo. Ahora, sin embargo, no era más que un conjunto de huesos quebrados y esparcidos en el barro, acompañados de un cráneo agujereado. Las autoridades policiales inmediatamente cercaron la zona y delimitaron el posible lugar del crimen. Los medios locales se hicieron eco de la noticia y difundieron la posible imagen de la víctima: un hombre joven desaparecido dos décadas atrás. Era un vecino del pueblo, jornalero, casado y padre de una hija que, por aquel entonces, no tenía más de dos años. Su familia nunca había cejado en el empeño de encontrarle, vivo o muerto. Su mujer, pocos días después de verle por última vez, se vistió de luto y nunca más abandonó la oscuridad, ni en el vestir ni en la mirada.
Por la tarde la noticia se había esparcido como niebla espesa apoderándose de cada conversación hasta sumir al pueblo entero en la letanía de aquella historia. Había, como siempre, quien hablaba sin saber pero también quien guardaba un silencio de décadas. Hasta que el forense halló la prueba definitiva del crimen: una bala. No cabía duda alguna, pertenecía a un modelo específico de fusil. Aquel jornalero perdido no había sido víctima de un delito. Simplemente había sido ejecutado a manos de un pelotón de fusilamiento. Los especialistas podían recoger sus bártulos y regresar a casa. No había nada que ver allí. Aquellos huesos correspondían simplemente a un represaliado de la dictadura. Asesinado, pero poco. Lo justo para que su muerte quedara impune.
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Cientos de cuerpos son encontrados en tales circunstancias cada año en nuestro país. No reciben la visita de un triste policía, ni de un guardia civil, ni mucho menos de un juez. Los cuerpos desvencijados a manos de los criminales franquistas no merecen la atención de quienes investigan fechorías. Esos esqueletos maltrechos son la evidencia física de lo que en las novelas policíacas se conoce como el crimen perfecto.
Esta historia está basada en hechos reales, en los de cientos de miles de familias españolas que, tras más de cuarenta años de dictadura y otros cuarenta de democracia, continúan buscando a sus desaparecidos. Lo hacen a trompicones y a través de subvenciones graciables que dependen de los partidos que ostentan el poder. Nunca se ha establecido que buscar a los desaparecidos forzados del franquismo sea una cuestión de Estado, ni siquiera una cuestión de justicia. Para saber cómo se ha llegado hasta aquí, recapitulemos.
Tras la muerte del dictador se sucedió un periodo bastante intranquilo y poco ejemplar conocido como Transición durante el que hubo entre 591 y 714 víctimas mortales a causa de la violencia política, según los cálculos de los investigadores Mariano Sánchez Soler y Sophie Baby (*). Esta última diferencia entre violencia contestataria (ETA, GRAPO, ultraderecha, etc) y violencia del Estado, para las cuales arroja unas cifras de 536 y 178 muertos, respectivamente. Hasta 1982, cuando el PSOE de Felipe González ganó por mayoría absoluta, no se consideró a España una democracia estable. A partir de entonces, habría cabido suponer que el Estado buscaría a las víctimas del franquismo, "escarbando la tierra con los dientes si fuera preciso", como escribió el poeta Miguel Hernández en su Elegía a Ramón Sijé. Sin embargo, no fueron así las cosas. El nuevo régimen democrático cerró cualquier resquicio a la justicia y reparación de las víctimas. En la Constitución de 1978 ni siquiera se menciona la de 1931 como antecedente directo, y la omisión de cualquier referencia a la dictadura es especialmente escandalosa. Ninguna política pública se destinó entonces a buscar a los desaparecidos ni tampoco a reparar a sus familiares. Algún ayuntamiento se atrevió a rendir homenaje a víctimas de los bombardeos de la guerra o a algún ejecutado prominente, poniendo su nombre a una calle, pero la realidad mayoritaria fue que, a lo largo y ancho del país, se mantuvo indemne la nomenclatura de avenidas, plazas y monumentos dedicados a ensalzar a los héroes del bando golpista.
Por su parte, los jueces escudaron su inacción en un texto legal aprobado antes que la Carta Magna: la conocida como Ley de Amnistía, que entró en vigor el 17 de octubre de 1977. Su concepción partió de las reivindicaciones de las fuerzas antifranquistas que exigían paliar el limbo en el que se encontraban miles de presos políticos, luchadores contra la dictadura, que permanecían aún en las cárceles. Dirigentes como Marcelino Camacho, fundador de CCOO en plena clandestinidad, expresaban su preocupación por la situación en la que quedarían quienes consiguieran la libertad tras décadas perdidas de cotización a la seguridad social y cuya supervivencia económica estaba en serio peligro tras la jubilación. Esas y no otras eran las necesidades acuciantes de quienes reclamaban la ley.
De hecho, ya el 14 de julio de 1977 fue registrada la primera propuesta de Ley de Amnistía por parte del PCE-PSUC, en la que se pedía: "una Ley (...) que abarque todas las acciones y omisiones de intencionalidad política o social castigadas como delito o falta por el Régimen desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, y que declare nulas y sin efectos las correspondientes penas y sanciones de todo tipo impuestas o que puedan imponerse por los citados hechos". Desde la izquierda, lo que se pretendía pues, a falta de Constitución todavía, era que se amnistiara lo que hasta entonces estaba castigado: es decir, los llamados delitos políticos. 
Pero no es ese el espíritu del texto que finalmente se aprobó en el Congreso. De hecho, la Ley 46/1977 se considera por numerosos organismos internacionales de derechos humanos una "ley de punto final" debido a la inclusión fuera de plazo de dos enmiendas presentadas por UCD. Se trata de los puntos e) y f) del artículo 2: "En todo caso están comprendidos en la amnistía:
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas." 
Esta redacción incluía, por tanto, la amnistía de lo que nunca fue castigo. Podemos decir que se perseguía con estos nuevos apartados el perdón preventivo a quienes cometieron crímenes amparados por el régimen dictatorial. Esas sesenta palabras constituyen aún hoy en día el muro infranqueable contra el que se estrellan todas las peticiones de justicia de las víctimas de desapariciones forzadas, de la trama de robo de bebés, de violaciones, torturas y demás vulneraciones de derechos humanos cometidas por los brazos armados del franquismo. Son estos dos apartados los que esgrimen los jueces como el obstáculo insalvable que impide la investigación de los crímenes de la dictadura.
A diferencia de Alemania e Italia, países liberados del nazismo y del fascismo por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en España nunca se rompió legalmente con la dictadura. Un caso similar al nuestro fue el de Argentina que, en 1987, aprobó la conocida como Ley de Obediencia Debida y de Punto Final con la que hacía borrón y cuenta nueva de los crímenes de la dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, en 2003 el Senado argentino anuló dicho texto legal abriendo la puerta a la justicia y reparación de las víctimas. El resultado de uno de los procesos judiciales más importantes fue de 29 cadenas perpetuas y 19 penas de prisión, de entre 8 y 25 años, para los responsables de los "vuelos de la muerte" que lanzaron al mar a más de 4.000 personas. Es precisamente en ese país donde una gran parte de víctimas del franquismo interpuso en 2010 la conocida como Querella argentina, que persigue en el país del río de la Plata la justicia que nunca se ha obtenido en España tras más de cuarenta años de democracia.
Pasó mucho tiempo hasta que en España se intentó plasmar en una ley el homenaje a quienes sufrieron las consecuencias de la represión franquista. Fue a través de la conocida como Ley de memoria histórica —Ley 52/2007— que, sin embargo, no sirvió siquiera para anular las sentencias dictadas durante la dictadura, manteniendo vigentes en plena democracia, por ejemplo, las condenas a Miguel Hernández o a Julián Grimau. De hecho, los tribunales españoles deniegan continuamente el derecho a revisarlas en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El único logro atribuible a ese texto legal es que promovió las exhumaciones de represaliados franquistas. Eso sí, debían partir de la iniciativa de las asociaciones de familiares y se gestionaban a partir de subvenciones. Es decir, el Estado no establecía una planificación de los trabajos ni se hacía responsable directo de las tareas de localización e identificación de los desaparecidos. Era una labor que dependía en gran medida del altruismo científico y la solidaridad civil.
La dictadura, en cambio, sí que se encargó de sus muertos desde el principio. Las víctimas del bando golpista recibieron sepultura y honores desde 1936 a través de diversas órdenes que regulaban las normas "sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos". Además, en pleno siglo XXI, bajo gobiernos del PP, el Ministerio de Defensa gastó más de veinte mil euros en repatriar a víctimas de la División Azul, es decir, a aquellos que murieron en el frente soviético mientras cooperaban con el ejército nazi. Al mismo tiempo, en esos años, se destinaron en total más de cien mil euros de dinero público a la Fundación Francisco Franco, sin olvidar el coste del mantenimiento del Valle de los Caídos cuando continuaba siendo el mausoleo del dictador.
Numerosas organizaciones como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas continúan denunciando la situación esperpéntica en que continúan las víctimas del que, según palabras del historiador Paul Preston, fue el "Holocausto español". No obstante, el actual gobierno de España anunció hace meses un nuevo proyecto de Ley de memoria democrática que, en el momento de cerrar este número, aún no se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Los borradores que han ido filtrándose a la prensa, a pesar de plantear un cambio cualitativo con respecto al texto legal de 2007, no abordan la posibilidad de investigar penalmente los crímenes del franquismo, aunque sí hablan de planificar las exhumaciones de los cuerpos de los desaparecidos forzados. Es importante recordar que algunas comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana han aprobado leyes autonómicas que desarrollan en profundidad los derechos de verdad y reparación, si bien no tienen competencia para cambiar el paradigma jurídico en torno a este tema.
Si nada cambia en la futura legislación, el crimen perfecto seguirá amparado judicialmente en España. Se impulsarán y financiarán exhumaciones de desaparecidos forzosos en las que los arqueólogos demostrarán científicamente la forma en que los cuerpos fueron torturados y ejecutados, redactarán informes, identificarán los restos genéticamente y devolverán los huesos a sus familiares, para que finalmente puedan reposar dignamente. Sin embargo, a pesar de contar con las pruebas del crimen, ningún triste policía, guardia civil ni juez se interesará por sus muertes violentas. Esos esqueletos maltrechos seguirán siendo la evidencia física de que en España existió y existe el crimen perfecto.
 
Fotografía de Eva Máñez
“Fotografía de la Fosa 113 de Paterna (Valencia), una de las más grandes existente en España). Los familiares me pidieron hacerse esa foto antes de clausurar la fosa. Fue muy fuerte ver como se metían dentro de la misma fosa donde habían estado sus padres y abuelos”.

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