La Asociación de Productores de la Industria Funeraria de Venezuela (Asoproinfu) ha informado de la caída de la producción de ataúdes debido a la escasez de materia prima, principalmente materiales producidos por la metalúrgica estatal.
La escasez de materia prima se centra en las láminas metálicas que se producen en la estatal Siderúrgica del Orinoco, que los asociados en Asoproinfu deben conseguir con revendedores, dijo, a la emisora local Unión Radio, el vicepresidente del gremio y propietario de una de las principales funeraria del país, Eduardo Vallés. "Hay dificultad con la producción de ataúdes en el país" y las láminas metálicas "se encuentran a través de unos revendedores que elevan el costo a unas tres o cuatro veces del valor inicial", dijo Vallés sin revelar cifras de la actual producción.
La caída de la producción de ataúdes "se está notando en las funerarias a nivel nacional (...); hay funerarias que tienen dos, tres o cuatro arcas mientras otras no tienen para prestar el servicio y deben recurrir a un colega vecino para pedir una y responderle al cliente", añadió Vallés. El dirigente gremial advirtió que si bien la situación ya es "delicada", podría ser peor "si no se atiende prontamente".
El costo de un servicio funerario en Venezuela, aunque "hay una gran variedad de precios", añadió, fluctúa entre los 10.000 y 15.000 bolívares el más económico, equivalente a 1.587 y 2.380 dólares a la cotización de 6,30 bolívares por dólar, la menor de las tres tasas que registra el mercado cambiario oficial venezolano. Una cuarta cotización, no oficial y especulativa, eleva el tipo de cambio a unos 150 bolívares por dólar, lo que disminuye los precios más bajos del servicio funerario a entre 66,66 y 100 dólares, respectivamente.
El Gobierno venezolano ha puesto en los últimos meses especial énfasis en la lucha contra el delito de contrabando de un sinfín de productos a Colombia, al considerar que es una de las causas principales de la escasez y desabastecimiento que vive el país petrolero. La situación afecta principalmente a la oferta de alimentos y de otros productos que internamente se adquieren a precios subvencionados por el Gobierno, por lo que su venta ilícita en Colombia deja un gran margen de ganancia a los contrabandistas.