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viernes, 06 de septiembre de 2013

Un ayuntamiento canario aparta de sus funciones a un sepulturero por una presunta venta de huesos

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El sepulturero municipal de Guía, en Gran Canaria, podría enfrentarse a una pena de entre tres y cinco años de cárcel de confirmarse las acusaciones de una presunta venta de huesos humanos del camposanto formuladas en su contra y que investiga la Guardia Civil.
en varias informaciones, ha informado hoy la Guardia Civil.
La actuación del enterrador podrían ser constitutivas, en su caso, de un delito contra el respeto a los difuntos, tipificado en el artículo 526 del Código Penal y castigado con condenas de tres a cinco años de cárcel, según ha confirmado fuentes de la benemérita a la agencia Efe.
Las investigaciones se puso en marcha ayer de oficio y a instancias del Juzgado de Guardia de Guía, como consecuencia de las informaciones sobre los presuntos hechos delictivos del sepulturero publicadas en distintos medios de comunicación y sin que, al menos hasta ahora, nadie haya presentado una denuncia formal al respecto, han destacado desde la Comandancia.
Las mismas fuentes han precisado que, de momento, el objetivo de los investigadores será saber si hay indicios de la comisión de un delito o no en relación a este asunto.
Las diligencias abiertas por la Guardia Civil se suman a la decisión que ayer anunció el Ayuntamiento de Guía de apartar de sus funciones al sepulturero municipal hasta que se aclaren las informaciones sobre la presunta venta de huesos humanos del camposanto de la que se le acusa.
El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, de Coalición Canaria, ha asegurado en un comunicado que ha puesto este asunto, destapado por un programa de Telecinco, en manos de los letrados del Ayuntamiento para que se llegue "hasta el fondo y se depuren responsabilidades".
Rodríguez ha dicho comprender la alarma social que se ha generado al respecto y ha asegurado que, si se comprueban los hechos, el Consistorio "actuará con toda la rotundidad que la ley permite", aunque ha recalcado también que ni el Ayuntamiento ni el cuartel de la Guardia Civil del municipio habían recibido denuncia alguna sobre este tipo de práctica. Un factor este que han cuestionado desde el Instituto Armado, por entender que quien ha hecho la denuncia pública de las supuestas actuaciones delictivas del sepulturero debería haberlas puesto en conocimiento de las autoridades.

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