El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros ofrecer un plazo de 15 días a la familia de Franco para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y para que fije un lugar para su traslado definitivo, que no sea la cripta de la catedral de la Almudena.
Así lo ha anunciado la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Si la familia no decida nada en esos quince días, será el Gobierno el que decida el lugar del enterramiento.
El retraso en la exhumación se ha debido, según fuentes del Gobierno, al "comportamiento obstruccionista" de los familiares del dictador, la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y también la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle. Fuentes del Gobierno aseguran que han presentado recursos a todos los trámites y han recusado reiteradamente a la instructora del procedimiento, hasta en doce ocasiones, se han querellado contra ella y los funcionarios responsables de la operación, si bien la querella ha sido rechazada junto con las denuncias ante los juzgados de primera instancia.
La ministra ha dejado claro que no va a atender el Gobierno la pretensión de los familiares de llevar el cadáver de Franco a la cripta de la catedral de la Almudena y explicado la "imposibilidad legal" esgrimida por la Delegación del Gobierno en Madrid en las conclusiones de un informe redactado ex profeso sobre la cuestión. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, según este informe la reinhumación en la Almudena "supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia catedral como en el entorno de esta, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos".
Este acuerdo asume los argumentos jurídicos de la Abogacía del Estado para el traslado, según los cuales la inhumación del dictador no depende de la autorización de su familia ni de la Iglesia, sino de un "mandato legal". Y ello porque no existe un derecho de la familia reconocido sobre el mantenimiento o inhumación de restos mortales y porque la entrada a la basílica "no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal" y el Consejo de Ministros puede obligar a esa autorización eclesiástica.
En suma, las fuentes del Gobierno ya informaron a lo largo de la semana, según una nota distribuida por Efe de que todo el procedimiento administrativo seguido para sacar a Franco del Valle de los Caídos se ha instruido "con escrupuloso respeto y seguimiento de las normas aplicables" y con las "máximas garantías" para sus familiares. Y todo ello como consecuencia de un decreto ley del Gobierno que fue convalidado por el Congreso con solo dos votos en contra, de manera que la operación resulta de decisiones parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta que además siguen las recomendaciones "que el contexto internacional exige a un país democráticamente avanzado".