Cientos de familiares de personas desaparecidas en México dedicaron el pasado fin de semana a facilitar muestras de ADN después de conocerse que 322 cadáveres fueron abandonados en cámaras frigoríficas en el estado de Jalisco. La toma de muestras de ADN fue organizada por la Fiscalía de Jalisco y Policia Federal en Guadalajara y Tlajomulco. El comisario de la policía científica, Daniel Badillo, explicó a los periodistas, no obstante, que el proceso puede tardar entre cinco meses y años.
Este protocolo se puso en marcha ante la noticia de que había dos contenedores frigoríficos con 322 cadáveres de personas sin identificar y 122 más en el Instituto Forense de Jalisco. En marzo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó el "preocupante panorama" de desapariciones forzadas en el estado, que en enero sumaba unos 14.000 casos en casi cinco años, según documentación de la agencia Efe.
De junio a la fecha fueron encontrados los cuerpos de 57 personas en fosas clandestinas en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara, pertenecientes a la zona metropolitana, además de Juanacatlán y Lagos de Moreno. Las autoridades de Jalisco han atribuido el aumento de la violencia y el incremento en los asesinatos a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza.
Pero Jalisco no es el único estado que ha tenido que recurrir a la compra de tráilers para almacenar cuerpos sin identificar, según informa El Economista, que recoge noticias de Milenio Televisión. Según el medio mexicano han sido tres entidades “las que debieron comprar contenedores frigoríficos como alternativa a la saturación de sus servicios médicos forenses, producto de los altos índices de violencia”.
Continua la información explicando que “la publicación señala que en Guerrero han recurrido a la adquisición de 10 cámaras frigoríficas con una capacidad de 900 lugares, y al día de hoy tienen 707 cadáveres en sus morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. En Veracruz, tras los hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas y ejecuciones ocurridas en Xalapa y Alvarado, el gobierno estatal compró un tráiler con contenedor frigorífico con 400 espacios. Sin embargo, se prevé que sigan llegando más cuerpos conforme se recuperen de las fosas de El Arbolillo, municipio de Alvarado. En los servicios médicos forenses ubicados en las diferentes regiones de Veracruz se tienen cerca de 600 cuerpos, la mayoría recuperados en fosas clandestinas o resultados de ejecuciones. Lo mismo ha ocurrido en Tijuana, Baja California, donde la ola de violencia obligó al Servicio Médico Forense (Semefo) local a adquirir un nuevo refrigerador con cupo para 50 cuerpos, en una urbe donde cada mes son ejecutados hasta 300 personas.
De acuerdo con Salvador Juan Ortiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, de enero a agosto 2,725 cadáveres ingresaron al Semefo de Tijuana, de los cuales 1,800 cuerpos fueron por homicidios dolosos, 400 murieron en domicilio y 815 por delitos culposos. Explicó que cerca de 700 fueron sepultados en la fosa común, donde se aceptan mínimo tres y máximo siete.
En otras entidades azotadas por la violencia, como Tamaulipas y Durango, sus servicios forenses siguen teniendo capacidad, gracias a acuerdos que han realizado con funerarias locales y a sus procedimientos de inhumación, que permiten una identificación posterior”.
 
Fotografía publicada en varios medios mexicanos de “uno de los contenedores con hasta un centenar de cadáveres que fue abandonado en dos ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco”.