La Consejería de Presidencia y Memoria Democrática ha publicado el anuncio de licitación para contratar un servicio de investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en fosas con un presupuesto de 413.223 euros.
Las empresas licitadoras especializadas en este tema tendrán hasta el 19 de abril del 2018 para presentar sus ofertas, y el plazo de ejecución del contrato es de doce meses, más un periodo máximo de otros doce meses, correspondientes a dos prórrogas por un periodo de seis meses cada una, ha informado en un comunicado.
Esta licitación va a permitir un impulso en el desarrollo de actuaciones en fosas y se suma al presupuesto destinado tanto para las intervenciones que se realizan en Benamahoma y San Fernando (Cádiz), Córdoba -con una fase preliminar de investigación histórica-Nerva (Huelva), Villanueva de la Concepción (Málaga) y Utrera (Sevilla), como otras cuyo inicio es inminente como Castro del Río (Córdoba), o Alfarnate y Colmenar (Málaga).
También al convenio previsto para la fase de exhumación de la conocida fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla, al que va a destina la Junta de Andalucía 80.000 euros en este ejercicio. En total estas actuaciones del Gobierno andaluz suponen una cantidad cercana a los 600.000 euros, según la nota.
Todas estas actuaciones, que han sido aprobadas en los diferentes comités técnicos de coordinación, van a permitir engrosar "de manera muy notable" el número de intervenciones desarrolladas en la comunidad -98 desde 2003 y más de 40 desde 2015-, y con unas cifras de más de 4.000 víctimas de la guerra civil y la dictadura recuperadas y enterradas de forma digna en estos años.
Con este proyecto Andalucía continúa trabajando en el desarrollo de políticas de memoria a partir de la máxima expresión reparadora que supone las intervenciones en fosas, teniendo su punto de inflexión en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada sin votos en contra por el Parlamento andaluz en marzo del 2017.