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viernes, 17 de junio de 2016

Más de 70.000 personas se han inscrito en España para tener una muerte digna

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Más de 70.000 personas se han inscrito en España para tener una muerte digna

Más de 70.000 personas se han inscrito en España en los registros oficiales para dejar claro que llegado el momento de su muerte quieren tener una muerte digna, con lo que se confirma el aumento de las personas que eligen esta opción.
Yolanda Martos publica hoy en la revista digital bez.es  un interesante reportaje con datos actualizados sobre el tema. Afirma la periodista que “los datos varían según la comunidad. Andalucía fue pionera en tener una ley, y quien más nombres aporta. Pero la tendencia a querer las mejores condiciones cuando llegue el momento, va normalizándose entre la población, ya sea por necesidad, por prevención o por ideología”. También se asegura en la información que, según datos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, muchas de las personas que buscan asesoramiento se declaran de religión católica.

Los últimos condenados
 
Dos personas acusadas por el suicidio de una mujer en Avilés en mayo de 2012 fueron condenadas el 24 de mayo pasado a dos años de cárcel. También estaban acusados de haberlo intentando con otro enfermo terminal de Cádiz. Los condenados son voluntarios de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. La Fiscalía de Asturias pedía, sin embargo, seis años y cinco meses de prisión por tres delitos; entre ellos, el de cooperación al suicidio. Un tercer acusado, el hermano de un enfermo terminal residente en Cádiz, ha sido sentenciado a seis meses de cárcel por haber contactado con los otros dos socios para ayudar a su familiar a que acabara con su vida, siguiendo su voluntad.
Según informó El Páis, los condenados llegaron a un acuerdo con el ministerio público, de tal forma que, con esta sentencia, evitaron ingresar en prisión. “El pacto ha consistido en rebajar la pena de tres a un año de cárcel por el delito de cooperación—al considerar que no fueron autores, pero sí cómplices—; por atentar contra la salud pública se ha modificado de dos años de prisión a seis meses; y en el caso de Cádiz se ha rebajado hasta los seis meses cuando la fiscalía pedía año y medio por cooperación al suicidio”, informó el diario.

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